Vestidos de cobradores del frac o
rayados con trajes de presidiarios,
ciudadanos y empresarios de renovables se unen en Madrid y Barcelona
para mostrar su rechazo a la reforma eléctrica con la que el gobierno
del Partido Popular pretende atajar el déficit de tarifa. Denuncian
además frente al Ministerio de Industria que dicho gobierno ha dejado
que venza una deuda de 3.400 millones de euros que UNESA tiene con la
población por los Costes de Transición a la Competencia.
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